Cuando hablamos de Internet y su control, lo primero que hay que tener claro es una doble distinción básica: la distinción entre red global-acceso local y la distinción entre censura-represión.
Internet no distingue fronteras, tiene una comunicación multinodal de manera que establece comunicación ilimitada entre sus nodos o, dicho de otra forma, cualquier conexión de ordenadores en red permite la comunicación global. Censurar la red global no es posible; la única salida sería no estar en la red, algo impensable.
El acceso a la red, en cambio, es local. Accedemos a la red a través de servidores locales y aquí se puede producir un control más directo (las Autoridades pueden negar acceso a servidores, cerrar servidores, etc.). Es aquí donde entran en juego los derechos y libertades reconocidos en cada Estado.
La ausencia de regulaciones sobre los contenidos de Internet aumenta el temor de los gobiernos ante la inmensa herramienta que supone la red para favorecer la autoorganización de los ciudadanos y proteger la libertad de expresión allá donde de otra forma sería imposible.
¿Por qué es esencial, también, diferenciar censura y represión? Porque en Internet la censura es, a día de hoy al menos, impensable. No se puede bloquear Internet; se puede sancionar o reprimir a posteriori a usuarios que, según los criterios legislativos de turno, hagan un uso indebido de la red. Por tanto, es aquí donde está el quid de la cuestión. He aquí el planteamiento del principal problema: para sancionar a los infractores es necesario haber identificado previamente la infracción en el Ordenamiento Jurídico del país correspondiente.
Muchas veces observamos atónitos a los gobiernos, que parecen haber orquestado una búsqueda a la desesperada de conductas reprobables, en ocasiones a través de procedimientos arbitrarios, poner en peligro la adecuada protección de las libertades ciudadanas. De ahí que Tribunales y Administraciones con frecuencia se estén contradiciendo.
Lo más importante es el conocimiento y la capacidad de los ciudadanos para defender sus derechos de libertad de expresión y de intimidad y privacidad de sus comunicaciones, más allá del uso de la tecnología como vehículo para hacer circular esta lucha.
Debemos ir a las tripas del asunto y aquí los juristas tenemos que hacer una labor divulgativa importante. Porque, en última instancia, la batalla por la libertad en la red se encuentra en la conciencia de los ciudadanos y en su actitud activa para influir en las decisiones de los poderes públicos.
Ya pueden llover croquetas 